La nueva Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad, que sustituye a la Ley 1/1999, quedaba aprobada con el voto en contra del PP-A, la abstención de IULV-CA y el respaldo del PSOE-A, Podemos y Ciudadanos.

 

CERMI Andalucía valora que la Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad se adecúe a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, texto ratificado por España a finales de 2007.

 

El Grupo Parlamentario Socialista ya presentó el pasado martes el proyecto de Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad a las entidades del sector en una Jornada de Parlamento Abierto a la que asistió una nutrida representación de las entidades miembros del CERMI Andalucía. De igual modo, una amplia delegación del CERMI Andalucía, encabezada por su presidente, José Manuel Porras, estuvo presente este miércoles durante la aprobación de la ley en el Parlamento.

 

La norma cuenta con una memoria económica de 1.300 millones anuales y tiene como objetivo seguir mejorando la inclusión social de un colectivo, el que constituyen las personas con discapacidad, que representa en Andalucía a más de 720.000 personas (en torno al 10% de la población).

 

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, destacó que en la elaboración del texto han participado las entidades pertenecientes al Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad, como es el CERMI Andalucía, así como las organizaciones y asociaciones relacionadas con el sector de la discapacidad en la Comunidad Autónoma. Además, durante el trámite parlamentario ha contado con la participación y ha sido debatida por agentes económicos y sociales, entidades y organizaciones públicas y privadas, así como los grupos políticos, que han presentado más de 400 aportaciones. 

  

En el ámbito formativo y del empleo, CERMI Andalucía valora que para las ofertas de empleo público y las bolsas de trabajo temporal se establezca la reserva de un cupo no inferior al 10% del número de plazas para personas con discapacidad, y que como novedad se reserve específicamente el 1% para personas con enfermedad mental. Mientras, CERMI Andalucía ha mostrado su satisfacción porque en los cursos de formación para el empleo, organizados por la Administración de la Junta de Andalucía, se aumente el cupo de reserva del 3% al 5%. Asimismo, se reservará al menos el 5% de plazas para personas con discapacidad en el conjunto del Programa de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo.

 

Con objeto de lograr la plena inclusión social, CERMI Andalucía considera muy positivamente que la ley destaque la elaboración de planes de acción integral para las personas con discapacidad en general y para las mujeres, así como otro de empleo para el colectivo.

 

En el área educativa, se hace referencia a la prohibición expresa a los centros docentes públicos o privados de denegar el acceso a sus servicios y actividades a los alumnos o demás miembros de la comunidad educativa con discapacidad. Mientras, las universidades andaluzas deberán elaborar un censo del alumnado con discapacidad y aprobar un plan especial de accesibilidad, así como disponer de una unidad o servicio de atención o apoyo a la discapacidad. Las universidades andaluzas estarán representadas en el Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad.

 

También prevé el derecho a la atención infantil temprana para los menores de seis años mediante acciones coordinadas con los servicios sociales, sanitarios y educativos, así como a una educación inclusiva, permanente y de calidad.

 

Igualmente se reconoce de manera específica el derecho de las personas con discapacidad en situación de dependencia a la asistencia personal para poder llevar una vida independiente.

 

Por su parte, en materia de comunicación, imagen y publicidad, el Consejo Audiovisual de Andalucía deberá elaborar anualmente un informe sobre el tratamiento de la imagen de las personas con discapacidad.

 

Por último, la ley tipifica las infracciones y las clasifica en leves, graves y muy graves, con sanciones que oscilan entre 301 euros y 1.000.000 de euros dependiendo de la calificación de la infracción.